Establece que para alcanzar bienestar es necesario promover crecimiento y éste se sustenta en la inversión. La inversión es a su vez, ahorro, es decir, consumo diferido. Por eso, el crecimiento sano es el que estimula el ahorro y la inversión y no las políticas coyunturales basadas en el estímulo artificial del consumo.

Considera que la mejor forma de generar eficiencia en la economía es estimulando la competencia y la libre fijación de precios en el mercado. Por ello, entiende que la economía está al servicio del consumidor.

Induce, sin embargo, a la responsabilidad social de los empresarios, para reducir precios o evitar el aumento de éstos, así como para asumir compromisos en defensa del medio ambiente y la viabilidad social.

Reconoce que corresponde a la política estatal redistribuir el ingreso a través de la inversión social, pagos compensatorios de cargas sociales y eventuales, selectivos y temporales subsidios directos o subvenciones.

Admite una intervención promotora del Estado para impulsar el ahorro, difundir la propiedad, expandir el desarrollo tecnológico y promover algunas actividades altamente generadoras de empleo.

El mercado ha demostrado ser el mejor asignador de recursos de inversión y el mejor modo de establecer precios que sean justos y a la vez promuevan el crecimiento económico.

Sin embargo, el mercado también suele presentar imperfecciones y opacidades en su funcionamiento, que tienen que ser materia de correcciones por parte del estado; en el primer caso, cuando se trata de prácticas monopólicas, evitándolas en lo posible o simulando la competencia cuando son inevitables, en el segundo promoviendo las buenas prácticas corporativas, en especial la transparencia en la información.

Corresponde al sector privado la producción y distribución de bienes y, la de servicios hasta dónde le sea posible; esta responsabilidad es compatible con los principios de subsidiariedad y suplencia que orientan la asignación de responsabilidades del Estado en una Economía Social de Mercado.

La subsidiariedad es un principio de ordenamiento de la vida en sociedad que determina que no haga el ente mayor, en este caso el Estado, lo que pueda hacer el menor, en este caso el sector privado.

La suplencia es un principio complementario al de subsidiariedad que determina que el ente mayor debe hacer lo que no puede hacer el menor, por ejemplo evitar las prácticas monopólicas o asistir a los más necesitados a través de la inversión social.

En el contexto comentado, el sector privado cumple un rol determinante en la formación de la inversión productiva y de apoyo en la inversión social a favor de los más necesitados.

Corresponde al Estado garantizar:

• La libre interacción de la oferta y la demanda.
• El libre acceso a los mercados.
• La propiedad privada de los medios de producción.
• La libertad contractual.
• La eliminación de toda forma de mercantilismo.
• El respeto a los equilibrios macroeconómicos: fiscal, monetario y cambiario.
• La constancia en la política económica para disminuir el riesgo empresarial.
• La inserción en el proceso de globalización de las economías.

Todo este conjunto de responsabilidades corresponde a lo que se pueden denominar Principios Constituyentes de la Economía Social de Mercado.

Al Estado también le compete un rol regulador que se refleja en lo siguiente:

• El control estatal de los monopolios, carteles y toda práctica monopólica u oligopólica de mercado lo que implica disolverlos en lo posible y manejar en forma análoga a la competencia a los inevitables.
• La utilización de la inversión social como corrector de la distribución de ingresos.
• La protección en el trabajo especialmente de la mujer y de los niños.
• La regulación de condiciones humanas de trabajo.
• La fijación de un salario mínimo.
• La protección del medio ambiente.
• El control estatal y la promoción de las buenas prácticas corporativas.
• La eficiencia y transparencia en el ingreso y uso de recursos públicos.

Finalmente, también le corresponde un rol promotor especialmente en los aspectos de:

• La promoción del ahorro, la inversión y la difusión y formalización de la propiedad privada.
• La promoción de la innovación y desarrollo tecnológicos.
• La promoción de la pequeña y mediana empresa.

El mundo vive un proceso acelerado de globalización, hecho que determina que haya países ganadores y países perdedores como consecuencia de la competencia.

Se puede decir que en el mundo moderno no sólo compiten las empresas sino los países, esto significa que no basta que las empresas sean eficientes en base a su productividad sino también que los estados sean eficientes, eficiencia que a su vez es consecuencia de una eficiencia tanto para la obtención de sus ingresos en especial a través de la política tributaria cuanto en el ejercicio del gasto tanto corriente como de inversión.

Impuestos antitécnicos, impuestos que estrangulan la capacidad económica de las empresas y que les restan posibilidades de desarrollo a éstas, o gastos corrientes inflados que determinan una demanda innecesaria de recursos al sector privado, naturalmente tienen un efecto negativo para el crecimiento de la empresa privada; servicios públicos ineficientes e inexistentes afectan la competitividad de las empresas cuando éstas tienen que hacer uso de los mismos.

Del mismo modo, la mano de obra cumple un rol determinante en la competitividad de los países. Aún teniendo un Estado eficiente y empresas eficientes, si la mano de obra no está adecuadamente calificada o, no tiene una actitud proactiva frente a la inversión, merma su productividad y por tanto la competitividad del país.

Por otro lado; el Perú enfrenta una crisis generalizada de valores, y en especial una crisis en educación tanto por la calidad de la misma como por el divorcio de las especializaciones de su población respecto de las demandas de mano de obra del mercado.

La tecnología está poco desarrollada en el país, es más, no existe una cultura tecnológica que sea la dinamo del país, para mejorar posiciones en un mundo globalizado.

Por tanto, se requieren superar los problemas comentados y las actitudes de confrontación entre los diferentes agentes económicos en el país (empresa, Estado, trabajadores) y convertirla en una actitud de concertación que facilite la sinergia de los esfuerzos.

a. Constancia en la política económica con pleno respeto a los equilibrios macroeconómicos

Para alcanzar el desarrollo económico se requiere de un crecimiento sostenido, acompañado de políticas sociales que corrijan en lo posible las desigualdades que se presentan en el país.

El crecimiento económico a su vez exige un importante y sostenido esfuerzo de inversión en especial de carácter privado, inversión que se viabiliza en la medida que se cuente con un escenario económico estable y predecible.

La estabilidad se logra con un manejo prudente de la economía que se expresa en el campo fiscal, el monetario y el externo. Lo que se puede resumir en un Estado que no gaste más de lo que recauda, un Banco Central de Reserva que no emita inorgánicamente y un sector externo que mantenga equilibrada su Balanza de Pagos.

b. Promoción de la Inversión Privada

El leitmotiv5 de la inversión privada es la búsqueda del lucro sin que aquello signifique la prescindencia de su responsabilidad social. El lucro o rentabilidad se hacen más atractivos cuando los mercados son más grandes y más abiertos como lo demuestra la tendencia mundial hacia la globalización de las economías; por tanto, una primera condición para alentar la inversión privada a niveles significativos es la plena inserción del país en el proceso de globalización, alentando su incorporación al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y el MERCOSUR en una primera etapa, hasta lograr el libre acceso de nuestros productos a todos los mercados objetivo del Perú.

Concluir con la privatización de las empresas públicas, alentar las concesiones para los servicios públicos y la infraestructura, son tareas que definirán el perfil de un país promotor de la inversión privada.

El pleno respeto al estado de derecho y la libertad contractual así como una tributación competitiva a nivel internacional y libre de distorsiones, completarán un escenario amigable para la inversión privada.

c. Agresiva y eficiente Inversión Social

Principalmente en los campos del alivio a la pobreza extrema, la educación y la salud.

Para lograr este objetivo se requiere mejorar la eficiencia del gasto corriente del Estado a fin de liberar una mayor cantidad de recursos destinables a la inversión social, focalizar mejor el gasto, evitar superposición de esfuerzos, alentar la participación de la sociedad en el control de la eficiencia del gasto, tercerizar en lo posible la prestación de los servicios y tecnificar la gestión de los mismos.

d. Promoción de la competitividad y la innovación tecnológica

Para aprovechar los mercados ampliados se requiere ser competitivo, lo que a su vez exige la modernización de nuestro aparato productivo de bienes y servicios. El siglo XXI corresponde a la sociedad del conocimiento, éste a su vez debe ser transferido a nuestro país en las mejores condiciones, debe ser generado en nuestro país por una población que tiene como ventajas comparativas su enorme creatividad y una increíble biodiversidad que lo convierten en un candidato a país ganador en este siglo.

El Estado debe dar el primer paso promoviendo la creación de centros de investigación y desarrollo tecnológico, promoviendo la capacitación de una elite científica que cuente con los incentivos adecuados para radicar en el país y facilitando los canales para la capacitación de la población.

Las empresas deben adaptarse al cambio, reconvirtiendo su parque productivo, para lo cual requerirán inversiones cuyo financiamiento deberá estar disponible en un mercado de capitales transparente y bien supervisado. Naturalmente esto implica salir del concepto de empresa familiar para pasar al concepto de sociedades abiertas, única forma de compatibilizar las necesidades de inversión con la disponibilidad de recursos por las empresas.

e. Promoción del sector agropecuario

Este esfuerzo implica la solución definitiva al problema de titulación de tierras, la formulación de una ley de aguas y un tratamiento transitorio de carácter preferente del sector agrario en los campos tributario y crediticio.

La solución al problema de titulación de las tierras pasa a su vez por solucionar el problema de la indemnización a los bonistas de la reforma agraria, que por constituir un importante esfuerzo económico para el Estado, durante muchos años no ha sido enfrentado.

Lo que no se dice es que la falta de solución a este problema impide inscribir la propiedad de las tierras en los registros públicos, con lo cual se paraliza la dinámica de la transferencia de los mismos, se restringe el acceso al crédito de sus propietarios y en general se atrofia el proceso de modernización del campo.

La ley de aguas es necesaria porque es un instrumento que ha de permitir el uso racional de la misma, evitando conflictos y promoviendo los cultivos compatibles con la escasez de la misma.

Un tratamiento tributario y crediticio especial, que debe tener carácter transitorio y debe ser de aplicación en las áreas más deprimidas en tanto y en cuanto se superen las restricciones a la competencia que afrontan los productos del campo por políticas proteccionistas vigentes en países con los que Perú comercia.